El Gobierno nacional promulgó este viernes la nueva Ley de Glaciares mediante el Decreto 271/2026 publicado en el Boletín Oficial. La normativa, sancionada por el Congreso hace días, modifica la ley vigente desde 2010 y habilita actividades mineras en zonas que estaban protegidas. El Ejecutivo justificó la medida como necesaria para impulsar inversiones en litio y cobre, sectores considerados estratégicos para la economía del país. La reforma redefinió los criterios de protección ambiental y otorgó mayores competencias a las provincias para gestionar sus recursos naturales.
Cambios clave en la protección de glaciares
La nueva ley mantiene formalmente la prohibición de actividades contaminantes en glaciares y ambientes periglaciales, pero introduce modificaciones significativas en cómo se define qué zonas quedan bajo protección. Mientras que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) conserva el registro técnico de glaciares, ahora las provincias adquieren mayor protagonismo para decidir qué áreas incluir o excluir de la protección, siempre con criterios científicos. La norma limita las restricciones a zonas con importancia hídrica comprobada, flexibilización que en la práctica habilita proyectos mineros paralizados durante años. El texto fue aprobado en Diputados con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. En el Senado obtuvo 40 votos positivos. Desde sectores que apoyan la reforma argumentaron que la ley anterior impedía el avance de iniciativas de gran relevancia para el desarrollo energético y productivo nacional. La minería de litio es especialmente importante en Jujuy, Salta y Catamarca, provincias que demandaban flexibilizar estas restricciones para atraer inversiones extranjeras.
Rechazo científico y debate ambiental
La promulgación reabrió el debate sobre la relación entre protección ambiental y desarrollo económico. La comunidad científica expresó fuerte rechazo a las modificaciones. Investigadores y organismos académicos advirtieron que la flexibilización de protecciones podría afectar reservas estratégicas de agua dulce y generar impactos ambientales a largo plazo. Los glaciares son fundamentales para garantizar el abastecimiento hídrico en regiones áridas del país. El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, ya presentó un amparo ante la Justicia para frenar la aplicación de la nueva ley. El rechazo también fue masivo en redes sociales, donde organizaciones ambientales y ciudadanos expresaron preocupación por las consecuencias futuras de la medida. El conflicto refleja la tensión clásica entre desarrollo minero e inversiones en sectores extractivos versus conservación de ecosistemas frágiles que regulan el ciclo hídrico en varias provincias.
La promulgación de la ley genera un nuevo frente de tensión política. Mientras el Ejecutivo apuesta al desarrollo minero como motor económico, sectores científicos, ambientalistas y gobiernos provinciales opositores cuestionan la viabilidad a largo plazo de la medida. Los próximos meses evidenciarán si la reforma logra atraer inversiones o si, por el contrario, deriva en conflictos judiciales que paralicen nuevamente los proyectos mineros.
