El juez federal Ernesto Kreplak procesó sin prisión preventiva a Nélida Bisio y Gabriela Mantecón Fumado, ex máximas autoridades de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). La decisión marca un punto de inflexión en la investigación por el fentanilo contaminado producido por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, cuyo consumo se vincula con 90 muertes registradas en el país. El magistrado sostuvo que ambas funcionarias tenían responsabilidad directa en el control y fiscalización de los laboratorios, e impuso medidas restrictivas que incluyen la prohibición de salida del país y un embargo por 500 millones de pesos sobre sus bienes.
Las acusaciones contra las ex funcionarias
El fallo del juez Kreplak fue especialmente contundente respecto de Mantecón Fumado, quien fue detenida en Quilmes en el marco de la investigación. En su resolución, el magistrado sostuvo que la entonces responsable del INAME “tenía pleno conocimiento del mal funcionamiento de los laboratorios” y contaba con facultades más que suficientes para adoptar medidas destinadas a resguardar la salud pública. Esta conclusión resulta central en la causa, ya que coloca el foco en la omisión de las autoridades sanitarias frente a irregularidades que debieron detectar en los procesos de producción y control de medicamentos. La investigación avanzó así sobre la presunta responsabilidad de quienes tenían a su cargo los organismos encargados de la fiscalización, un aspecto que trasciende los hechos delictivos atribuidos a los laboratorios fabricantes. Kreplak consideró probado que existieron señales de alerta que no fueron atendidas por las funcionarias imputadas, lo que generó las condiciones para que medicamentos contaminados llegaran al mercado y al consumo de pacientes.
Medidas cautelares y continuidad de la investigación
Aunque el juez no dictó prisión preventiva para Bisio y Mantecón Fumado, la resolución dispuso un conjunto de medidas restrictivas mientras continúa la investigación. Además de la prohibición de salida del país, ambas quedaron procesadas y enfrentan un embargo preventivo de 500 millones de pesos sobre sus bienes, una medida destinada a garantizar eventuales responsabilidades económicas derivadas de la causa. Este tipo de embargo es frecuente en casos de magnitud, donde se busca asegurar que existirán recursos disponibles en caso de condena. La causa sigue en desarrollo y ya ha involucrado a otros funcionarios. En audiencias anteriores, el juez Kreplak había desvinculado de la investigación a Daniel Lugones, otro de los imputados inicialmente. También se confirmó el procesamiento de Delfina Lanusse y Hernán Boveri, acusados de robar medicamentos para fiestas clandestinas, lo que evidencia la complejidad de la trama de irregularidades detectadas en la cadena de distribución y control farmacéutico.
La investigación por el fentanilo contaminado continúa su curso en La Plata y representa uno de los casos más graves de negligencia administrativa en la historia reciente del sistema sanitario argentino. Con 90 muertes vinculadas, la causa trasciende lo penal y cuestiona los mecanismos de control estatal sobre la industria farmacéutica, un debate que sin duda seguirá resonando en la agenda pública y política del país.
