Una adolescente de 14 años es investigada por la Justicia tras ser sindicada de realizar amenazas dirigidas a una escuela secundaria de Avellaneda. El caso, que se registró en la zona oeste del Gran Buenos Aires, comenzó el 17 de abril cuando se radicó una denuncia por publicaciones en redes sociales que contenían amenazas con armas de fuego contra la Escuela de Educación Secundaria N° 6 Doctor René Favaloro, ubicada en la calle Avellaneda al 900, casi esquina con avenida San Martín. La investigación estuvo a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) bajo directivas de la fiscal Alejandra Vanesa Piqué de la Unidad Funcional N° 6 de los tribunales locales.
Allanamiento y evidencia incautada
Los efectivos policiales realizaron un allanamiento en la vivienda de la sospechosa, donde incautaron dispositivos electrónicos clave para la investigación. Entre los elementos secuestrados figuran una tablet, un pendrive y un aparato de telefonía celular que podrían contener evidencia de las amenazas difundidas en plataformas digitales. La magistrada Mirta Liliana Guarino, titular del Juzgado de Garantías del Joven N° 1 de la jurisdicción, interviene en la causa penal que preventivamente se mantiene caratulada como “Intimidación pública”. Los investigadores analizan las publicaciones en redes sociales que habrían incluido referencias explícitas a armas de fuego dirigidas contra la institución educativa. Este tipo de casos ha generado mayor preocupación en establecimientos escolares del conurbano bonaerense en los últimos meses, particularmente aquellos que involucran a menores y el uso de plataformas digitales para difundir amenazas.
Protocolo de seguridad y seguimiento judicial
La investigación continúa en manos de la justicia de menores, que debe determinar la responsabilidad de la adolescente en los hechos denunciados. El procedimiento realizado en la vivienda de la sospechosa forma parte de la línea de investigación que busca esclarecer las motivaciones detrás de las amenazas y si existía intención real de concretarlas. Los dispositivos electrónicos incautados serán analizados por peritos para recuperar mensajes, publicaciones e información que pueda corroborar o desmentir los señalamientos de la denuncia original. Las autoridades escolares de la institución afectada también habrían sido notificadas de la situación para implementar protocolos de seguridad correspondientes mientras avanza la investigación judicial.
Este caso refleja la creciente preocupación de las autoridades educativas y judiciales respecto al uso de redes sociales por menores para realizar amenazas que afectan la seguridad de instituciones escolares. La Justicia de menores continuará con el análisis de la evidencia recopilada para determinar las medidas correspondientes en este expediente que permanece bajo caratulación como “Intimidación pública”.
