Victoria Villarruel cargó contra el Gobierno de Javier Milei por la compra de un avión en mal estado para la Fuerza Aérea Argentina. En un mensaje publicado en redes sociales, la Vicepresidenta calificó la operación como “gravísima” y cuestionó que “los sueldos del personal militar están en el subsuelo”. El episodio profundiza la interna oficialista en torno a la gestión de recursos de defensa y expone tensiones sobre cómo se ejecutan las compras de equipamiento militar.
Una adquisición cuestionada en medio de la interna
Villarruel reaccionó a una investigación periodística que reveló que la Fuerza Aérea Argentina adquirió un avión Embraer ERJ-140LR por 4.085.000 dólares, cuando una aeronave idéntica en mejor estado se cotizaba en el mercado por 2.300.000 dólares. La diferencia de precio —casi 1.800.000 dólares— se convierte en un punto de inflexión en la discusión sobre el control de gastos en organismos militares. Según el relevamiento periodístico, las inspecciones técnicas del avión detectaron fallas graves: óxido y corrosión en los frenos, fugas de aceite en el motor, manchas de combustible en las alas y desgaste excesivo en los controles de mando. La Vicepresidenta comparó esta situación con administraciones anteriores, recordando que “varios años atrás por mucho menos, renunciaban todos los implicados”. Su crítica sugiere una demanda de estándares de responsabilidad más rigurosos en la actual gestión. Además, aprovechó para señalar el deterioro de las condiciones del personal militar: “¿A quién responden estos uniformados?”, preguntó en su mensaje, insinuando falta de coordinación y control en la cadena de mando.
La denuncia penal y las responsabilidades políticas
El diputado nacional Luis Petri, quien se desempeñaba como ministro de Defensa hasta noviembre de 2024, admitió en redes sociales que realizó una denuncia penal en la Justicia Federal tras tomar conocimiento de la investigación periodística. Su comunicado reconoce que la acción fue reactiva, es decir, posterior al relevamiento de la prensa. Este detalle cobra importancia porque sugiere que mecanismos de control interno en el ministerio no detectaron —o no priorizaron— la irregularidad antes de que fuera expuesta públicamente. La cadena de responsabilidades se vuelve compleja: la compra fue efectuada bajo la anterior conducción del área, pero la actual Vicepresidenta reclama cuentas al Gobierno actual. La denuncia penal abierta ahora transitará por los juzgados federales, pero mientras tanto persisten interrogantes sobre quién aprobó la operación, bajo qué criterios se seleccionó al proveedor y por qué no existieron mecanismos de auditoría que detectaran la sobrefacturación antes de que se hiciera pública.
La tensión entre Villarruel y la Casa Rosada refleja disconformidad sobre la gestión de recursos estatales en áreas críticas como Defensa. La Vicepresidenta denunció también el estado de la obra social militar y los sueldos del personal en rango bajo de las fuerzas armadas, dimensiones que van más allá de esta compra específica pero que forman parte de un cuadro más amplio de descontento con decisiones presupuestarias del Ejecutivo.
